Un total de 60 mujeres han sido asesinadas entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de este año por hombres con quienes mantenían o habían mantenido una relación sentimental, trece menos que en el mismo periodo de 2010, según los datos oficiales. Desde el año 2003, cuando comenzaron a recogerse estadísticas, han muerto así 605 mujeres y, de media, sólo tres de cada diez habían presentado denuncia por malos tratos.
Este es el dato que en 2011 ha revelado un estudio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género este año, ya que desde el mes de octubre y con motivo de las elecciones y el cambio de Gobierno, Igualdad no facilita estadísticas sobre este asunto. El mismo organismo concluyó que casi todos los asesinos de mujeres acaban en prisión cumpliendo de media 18 años de cárcel.
Este año se ha dado a conocer también que el 1,4 por ciento de la población española aún justifica la violencia de género en determinadas circunstancias, que para el 80 por ciento de los jóvenes lo razonable es que ellas satisfagan los deseos de sus novios y que ocho de cada diez ciudadanos ven "demasiados detalles" en las informaciones periodísticas sobre este asunto.
La otra gran estadística que ha revelado algo más sobre la violencia de género en España ha sido una macroencuesta elaborada por el CIS. Aunque sólo se ha difundido un avance de resultados, pone el foco en la situación de los hijos pequeños de las mujeres maltratadas: más de medio millón de menores han sido agredidos este año y 840.000 están expuestos a la violencia contra sus madres.
Precisamente la situación de los niños ha centrado gran parte del debate público sobre la violencia machista este año, motivando que el Partido Popular llevase en su programa electoral una propuesta de modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incorporar a los niños como sujetos activos de la protección de la norma. Actualmente, están incluidos en un apartado dedicado a la población "vulnerable" que sufre de forma colateral la violencia sobre las mujeres.
Además, el Consejo General del Poder Judicial ha venido pidiendo que se modifique el Código Penal para que se pueda aplicar como pena la retirada de la guardia, custodia o patria potestad sobre los hijos a los hombres que maltraten. De hecho, otro estudio difundido en 2011 reveló que la violencia de género no se tiene en cuenta como factor esencial a la hora de asignar la custodia en un contencioso de divorcio.
Otra de las grandes reformas exigidas desde colectivos sociales es la que persigue que ningún asesino machista pueda recibir pensión de viudedad, tras hacerse público este año que hay varios hombres en España cobrando tras haber asesinado a la mujer que había generado esa pensión.
También en materia judicial, los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo trimestre del año, arrojan un incremento del 5,7 por ciento en las denuncias por malos tratos, aunque revelan que las renuncias han crecido un 6,2 por ciento. Tanto la Fiscalía como el CGPJ reclaman cambios en Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el derecho de dispensa que permite a las víctimas negarse a declarar contra sus maridos, aunque sean sus maltratadores.
Respecto a la actuación de los jueces, el Tribunal Supremo sentenció que la violencia de género es un motivo razonable para pedir y recibir asilo en España y, en otro fallo, fijó que difundir la identidad de un acusado por malos tratos está justificado, ya que se trata de una información de "especial interés social".
